En España, recibir una herencia debería ser un acto natural de continuidad patrimonial, una forma de preservar el esfuerzo de generaciones anteriores. Sin embargo, para miles de familias, heredar se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. El sistema fiscal, lejos de acompañar a los ciudadanos en un momento sensible, se convierte en una carga que amenaza con deshacer el legado que se pretendía conservar. La pregunta no es retórica: heredar en España, ¿es realmente un regalo o se ha transformado en un castigo encubierto?

Una fiscalidad heredada del pasado

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es el protagonista indiscutible de este drama legal y económico. Aunque formalmente cedido a las comunidades autónomas, lo cierto es que la disparidad normativa entre regiones genera una especie de lotería fiscal que rompe el principio de igualdad ante la ley. Mientras en autonomías como Madrid o Andalucía las bonificaciones alcanzan casi el 99% para herederos directos, en otras como Asturias o la Comunidad Valenciana los tipos efectivos pueden rozar la confiscatoriedad.

El resultado es una inseguridad jurídica intolerable. Un ciudadano no puede saber con certeza cuánto le costará heredar hasta que conoce dónde residía el causante. En una materia tan sensible, esto es una anomalía. El Estado ha preferido mantener esta cesión competencial sin imponer un suelo común, generando un mapa fragmentado donde el lugar de residencia se convierte en un factor determinante para conservar o perder el patrimonio familiar.

El dilema de "aceptar a beneficio de inventario"

La opción de aceptar la herencia a beneficio de inventario, prevista en el Código Civil, parece una vía de escape para quienes temen asumir deudas inesperadas. No obstante, la realidad es que esta figura, lejos de ser una solución efectiva, representa un laberinto procesal y burocrático que desanima a la mayoría de los ciudadanos. Trámites judiciales, plazos estrictos, costes notariales y registrales... todo ello convierte lo que debería ser una garantía en un obstáculo más.

Por si fuera poco, los herederos disponen de un plazo de seis meses para liquidar el ISD, prorrogables sólo si se solicita en tiempo y forma. Este plazo corre, aunque no se haya finalizado el inventario ni clarificado el alcance del patrimonio hereditario. Es decir, el Estado exige el pago de un impuesto sobre una masa hereditaria que a menudo no está definida ni disponible. Y si no se paga, se generan intereses y recargos que pueden hacer inviable la aceptación de la herencia.

Las herencias que se rechazan: una realidad silenciada

En 2023 se alcanzó un récord histórico: más de 50.000 herencias fueron rechazadas en España. Detrás de este dato no hay decisiones caprichosas, sino familias que no pueden asumir el coste fiscal o las deudas asociadas. En muchos casos, el inmueble heredado necesita reformas, está hipotecado o genera impuestos recurrentes como el IBI, que se suman a la factura sucesoria. La decisión de renunciar a la herencia, aunque legalmente simple, tiene un peso emocional que el Estado ignora por completo.

En 2024 la situación no ha mejorado. De hecho, se ha agravado: se registraron 54.811 renuncias a herencias en todo el país, lo que representa aproximadamente un 15,7% del total de sucesiones tramitadas. Esta cifra histórica refleja la consolidación de una tendencia que ya no puede achacarse a circunstancias excepcionales. Las principales causas siguen siendo las mismas: deudas superiores al valor de los bienes, impuestos excesivos y una tramitación compleja que desalienta a las familias.

La paradoja es evidente: el mismo sistema que presume de proteger el interés familiar y el derecho a la propiedad, castiga con dureza a quienes intentan preservar el legado familiar. No se trata solo de una cuestión económica, sino de justicia social y seguridad jurídica. El mensaje que se transmite es claro: si usted no es rico o no reside en una comunidad con bonificaciones generosas, mejor no espere nada de sus padres.

Si usted no es rico o no reside en una comunidad con bonificaciones generosas, mejor no espere nada de sus padres.

La necesaria reforma estructural del sistema sucesorio

Resulta urgente repensar el modelo sucesorio en España. No basta con bonificaciones autonómicas coyunturales ni con paliativos técnicos. Es necesaria una armonización fiscal real que evite la competencia desleal entre regiones y devuelva a los ciudadanos la tranquilidad jurídica. Asimismo, debe simplificarse la tramitación de herencias, digitalizar los procedimientos y eliminar trabas innecesarias para aceptar una herencia sin que ello suponga un vía crucis burocrático.

Heredar no debería ser un lujo reservado a unos pocos ni una trampa mortal para las clases medias. El Derecho hereditario, como parte del ordenamiento civil, está llamado a garantizar la continuidad patrimonial con equidad, proporcionalidad y sentido común. Hoy por hoy, no cumple ese objetivo. Y mientras no se emprendan reformas estructurales, heredar en España seguirá siendo, para muchos, un castigo disfrazado de regalo.